Redacción/PERIÓDICO SAGRADA FAMILIA
Muy pronto, un periodista podría ser castigado por investigar la corrupción del gobierno.
Un conductor de radio, por cuestionar una versión oficial.
Una estación católica, por defender sus convicciones.
Y un medio independiente, simplemente por publicar algo que una comisión gubernamental considere «falso», «descontextualizado» o «discurso de odio».
No será necesario prohibir directamente una noticia ni apagar un micrófono.
Bastará con amenazar a los medios con multas capaces de llevarlos a la quiebra.
Bajo el argumento de «proteger los derechos de las audiencias», el gobierno de Sheinbaum está impulsando unos lineamientos que darían a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones un enorme poder para vigilar y sancionar lo que se dice en la radio y la televisión.
Los nuevos lineamientos obligarían a los medios a incluir criterios sobre «perspectiva de género», «discurso de odio», información falsa y contenidos descontextualizados.
- El problema es que estos conceptos son ambiguos.
¿Quién decidirá cuándo una noticia es falsa, cuándo está descontextualizada o cuándo una opinión se convierte en «discurso de odio»?
- La propia Comisión.
Ya hemos visto antes cómo funciona esta narrativa: primero se acusa a una idea de ser ofensiva, después se presiona a quien la expresa y, al final, los medios prefieren callar por miedo.
Hoy podría ser un periodista que investiga al gobierno. Mañana, un conductor que cuestiona cifras oficiales. Después, cualquier voz que defienda valores incómodos para el poder.
- Las sanciones podrían alcanzar hasta el 1% de los ingresos de un medio.
Para una radio comunitaria, una estación local o un medio independiente, una multa así puede significar el cierre.
No hace falta ordenar que apaguen el micrófono. Basta con lograr que nadie quiera encenderlo.
Todavía podemos detenerlo: la consulta pública termina el 21 de agosto.
Después de esa fecha, los lineamientos podrían aprobarse de forma definitiva.
Por eso exigimos que se eliminen los conceptos ambiguos que puedan utilizarse para sancionar opiniones, investigaciones periodísticas o ideas incómodas para el gobierno.
El Estado no debe decidir qué información es verdadera, qué opinión es aceptable ni qué valores pueden defenderse al aire.
- Firma hoy y comparte esta petición con quienes creen que la radio y la televisión deben servir a los ciudadanos, no a la versión oficial del poder.
- No aprueben un reglamento que abra la puerta a la censura
Norma Solano Rodríguez, Comisionada Presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y demás integrantes del Pleno:
Les pedimos retirar de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias cualquier disposición que pueda utilizarse para censurar, intimidar o sancionar a los medios de comunicación por investigar al poder, cuestionar versiones oficiales o expresar opiniones legítimas.
La protección de las audiencias no puede convertirse en un pretexto para que una autoridad decida qué información es verdadera, qué contexto resulta suficiente o qué expresiones pueden calificarse como «discurso de odio».
El uso de conceptos ambiguos como «información falsa», «contenido descontextualizado», «perspectiva de género» o «discurso de odio» abre la puerta a decisiones arbitrarias. Bajo estos criterios, un periodista podría ser sancionado por contradecir al gobierno, un conductor por cuestionar cifras oficiales o un medio por defender convicciones que incomoden al poder.
Además, las multas de hasta el 1% de los ingresos podrían ser devastadoras para radios comunitarias, estaciones locales, medios religiosos y proyectos periodísticos independientes. Ante la amenaza de una sanción así, muchos terminarán autocensurándose.
La libertad de expresión también protege las críticas incómodas, las investigaciones periodísticas y las opiniones que una autoridad no comparte.
- Por ello, les exigimos:
Eliminar los conceptos vagos que permitan sancionar contenidos por razones políticas o ideológicas.
Garantizar expresamente la libertad editorial y el pluralismo.
Evitar que los códigos de ética queden sometidos a la aprobación discrecional de la autoridad.
Impedir que las multas se utilicen para intimidar, silenciar o llevar a la quiebra a un medio.
Considerar y responder de manera transparente las observaciones presentadas por la ciudadanía.
México necesita medios libres, no medios vigilados.
Ninguna comisión gubernamental debe tener el poder de decidir qué periodista puede investigar, qué conductor puede cuestionar ni qué ideas pueden expresarse frente a un micrófono.
Les pedimos que corrijan estos lineamientos y garanticen que la protección de las audiencias nunca sea utilizada como una herramienta de censura.
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