Por Eduardo Lara Peniche
Una opción para enviar que nos suspendan el servicio el próximo 1 de julio.
Cómo es costumbre en el poder legislativo, las reformas legales obedecen a las órdenes del ejecutivo en turno, solo que desde 2024 esas reformas pasan al pleno de la cámara sin revisión alguna de tal forma que se comenten muchos errores que perjudican el orden y la legalidad nacional.
En el afán de mantener el control de todas las acciones de los ciudadanos el ejecutivo envío la iniciativa a la ley de telecomunicaciones por la cual ahora es obligatorio registrar el teléfono celular con los datos personales del usuario a partir de la CURP y en caso de que los usuarios no cumplan con ese requisito su servicio de telefonía será suspendido indefinidamente, teniendo como fecha límite de registro el próximo 30 de junio y en caso de no cumplir con la disposición aprobada por los diputados en año 2025, los usuarios se quedarán sin servicio de telefonía móvil.
Por la información que las compañías telefónicas han estado difundiendo, los usuarios que no registren sus equipos a partir del 1 de julio se quedarán sin servicio condición que viola los artículos 7 y 76-B de la ley del consumidor puesto que él prestador de servicios tiene la obligación de brindar el servicio que el consumidor paga, por tal situación quienes no registremos nuestro teléfono hasta el 30 de junio de 2026 y la compañía telefónica con la que tengamos contratado el servicio nos suspenda el servicio, por ley, deberemos presentar una demanda por incumplimiento de contrato, disposición legal contenida Código Civil Federal, en el que también se estipulan las sanciones a las que se hará acreedor el prestador de servicios.
En el mismo sentido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1o y 14 establecen la garantía de los derechos humanos, en este caso el derecho de comunicación y la retroactividad de una ley, siendo en este caso que la ley del consumidor fue expedida antes de la reforma a la ley de comunicaciones.
Ante esta situación que próximamente viviremos los mexicanos, los juzgados civiles tendrán mucho trabajo para atender la avalancha de demandas contra los prestadores de servicios de telefonía, los cuales posiblemente pierdan muchos clientes que no estemos dispuestos a registrar nuestro teléfono al considerar que nadie en el gobierno se hará responsable del uso de esos datos en manos de particulares. Crédito de la imagen: tumundoadiario
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