Por Jaqueline Rivera García
La Ley Calles fue una de las persecuciones religiosas más duras de la historia moderna de México y el detonante directo de la Guerra Cristera, un conflicto que marcó profundamente a la Iglesia y al pueblo mexicano.
- Esta ley fue impulsada en 1926 por el entonces presidente Plutarco Elías Calles, con el objetivo de aplicar de forma extrema los artículos anticlericales de la Constitución de 1917. En la práctica, la Ley Calles buscó controlar, limitar y prácticamente eliminar la vida religiosa del país.
Entre sus disposiciones más severas se encontraba la prohibición a los sacerdotes de vestir hábito fuera de los templos, la restricción del número de sacerdotes por estado, la prohibición de la enseñanza religiosa, la anulación de órdenes religiosas y la obligación de que los ministros de culto se registraran ante el gobierno. Muchos templos fueron cerrados y otros confiscados.
- Ante esta situación, la Iglesia decidió suspender el culto público para proteger a los sacerdotes y a los fieles. Esto provocó un profundo dolor en el pueblo católico, que de un día para otro se quedó sin Misa, sin sacramentos y sin pastores.
La respuesta del pueblo fue inicialmente pacífica: oraciones, ayunos, protestas y boicots económicos. Sin embargo, la represión aumentó. Sacerdotes, religiosos y laicos fueron encarcelados, torturados y asesinados únicamente por vivir su fe.
- Frente a esta violencia sistemática, muchos católicos tomaron las armas en defensa de su derecho a creer. Así nació la Guerra Cristera (1926–1929), conocida también como La Cristiada. Miles de hombres y mujeres, campesinos en su mayoría, se levantaron con un solo grito en los labios: “¡Viva Cristo Rey!”.
Este conflicto dejó miles de mártires, entre ellos santos y beatos reconocidos por la Iglesia, como San José Sánchez del Río, testigos de una fe que no se negoció ni ante la muerte.
- La Guerra Cristera terminó con acuerdos políticos, pero la herida espiritual quedó marcada para siempre. Hoy, la memoria de este periodo nos recuerda que la libertad religiosa tiene un precio y que la fe vivida con coherencia puede exigir incluso el don de la propia vida.