Konaté Hernández
Cancún, Quintana Roo.– México tiene una población de 126 millones 014 mil 024 habitantes de acuerdo al censo de población y vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en 2020 de los que alrededor del 77,7 por ciento práctica la fe católica, que representa cerca de 97,9 millones de mexicanos.
Al grito de viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, los mexicanos buscan alzar la voz en una Resistencia Cristera como un derecho a su libertad religiosa de expresar sus creencias en público.
El objetivo es dar a conocer su desacuerdo a los magistrados que pretenden eliminar del espectro público los signos cristianos, cuya herencia mexicana es fruto de la fusión emanada de la cultura española y prehispánica, por lo que la sociedad civil busca unirse en defensa de su tradición, cultura, usos costumbres, libertad de conciencia y de religión. Ciudadanos creyentes defensores de la vida, la familia, el matrimonio valores basados en el cristianismo luchan contra quienes transgreden su fe.
Todo inició el 9 de noviembre de 2022, cuando la Primera Sala dictaminó el amparo 216/2022, para impedir toda manifestación religiosa en vía pública, bajo el argumento de atentar contra la pluralidad ideológica al considerar que promueve el adoctrinamiento, luego de que una persona de Chocholá, Yucatán promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para prohibir al Ayuntamiento destinar recursos públicos e instalar un nacimiento de Jesucristo en el periodo navideño en los bajos del recinto municipal.
Siete meses después, el Ministro Juan Luis González Alcántara propuso eliminar de forma sistemática los símbolos culturales religiosos –especialmente del cristianismo–, de cualquier espacio público bajo el pretexto de que es un privilegio discriminatorio que “viola el estado laico”, aun cuando el primer dictamen, preparado en noviembre pasado, simplemente fue retirado (lo cual es una facultad del Ministro) que ahora reelaboró en el sentido de silenciar las creencias religiosas y que presentaría el 14 de junio en la sesión plenaria de la Primera Sala, pero justo un día antes, el demandante anunció en redes que se desistía del Amparo.
Sin embargo por los huecos jurídicos usados, ahora los podrían volver a aplicar para insistir en silenciar toda manifestación religiosa, en especial católica, por lo que el asunto no ha sido cerrado oficialmente por la SCJN, volvió a caer en el vacío, en un limbo jurídico sin que se tenga certeza de lo qué va a pasar,
La intención no es solo prohibir la colocación de nacimientos durante navidad en espacios públicos, si no lo que está en peligro y en juego es realmente grave, “bajo una inspiración juarista de franca persecución, expuesta en el dictamen, el Ministro califica los actos públicos del cristianismo como actos de ideología, de propaganda, de evangelización y como no son propios de la identidad cultural del mexicano deben restringirse, por lo que bajo ese criterio, en el país serían ilegales las peregrinaciones, procesiones fiestas patronales en las parroquias, cuasiparroquias, capillas, etc”.
El espíritu francamente jacobino del dictamen se refleja cuando asegura que aún cuando el Estado mexicano proteja y garantice el acceso a los bienes culturales, ello no significa que deba protegerse y garantizarse la realización de actos que, aunque encuentren su fundamento en la “cultura”, sean violatorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, los símbolos y tradiciones culturales que dan identidad a la nación mexicana y que merecen protección jurídica no deben garantizarse su expresión pública, porque violan la Constitución, al colocar a las expresiones de fe en un estado de excepción. Es en este sentido para que la ciudadanía firme la petición dirigida a los ministros de la SCJN para que respeten el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad religiosa. Firma de manera urgente para poner un freno a la persecución a nuestras creencias y valores, Historia de la persecución religiosa 1926–1929: