Por Norma del Socorro Álvarez Ledesma

No puedo quedarme callada con lo que acaba de pasar en Chiapas. Se está impulsando algo que ataca el corazón de nuestros derechos básicos.

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El Congreso de la entidad aprobó la prohibición de las llamadas ECOSIG o mal llamadas “terapias de conversión”

¿El resultado? Una ley ambigua y peligrosa que ahora castiga con 2 a 6 años de cárcel y multas enormes a cualquiera que “realice, imparta, obligue o financie” cualquier terapia, consejo, servicio o práctica que “restrinja” la orientación sexual o la identidad de género de alguien.

Lo aprobado raya en el absurdo: cualquier persona que en Chiapas diga, haga o escriba algo que sea percibido como ofensa por quienes se asuman como militantes de la “diversidad sexual” será perseguida de oficio por la autoridad.

Esto es lo que asusta:

—No definir claramente qué prácticas son delito.

—Deja a la interpretación de un burócrata si tus palabras, una charla o incluso una oración podrían ser consideradas “restrictivas”.

—Podría llevar a la cárcel a personas que solo intentan ayudar o aconsejar desde su fe, su profesión o su experiencia personal.

En lugar de unir a la gente, crea división y siembra odiosa. La Ley no hace nada para abordar la pobreza o las necesidades reales de nuestra gente. En cambio, se enfoca en proteger los intereses del lobby LGBT mientras ignora las luchas diarias de los mexicanos comunes.

¿Cómo puede el estado número uno en atraso social centrado en esto? Los informes del gobierno federal muestran claramente la extrema pobreza en Chiapas.

Sin embargo, la abrumadora mayoría de los diputados locales están impulsando esta agenda, dejando atrás a nuestra gente y atacando nuestras libertades más importantes.

Esta ley es vaga y peligrosa. Viola nuestro derecho a la seguridad jurídica ya la libertad de expresión. Los riesgos son simplemente demasiado grandes.

Pero aquí está la cosa: no tenemos mucho tiempo para actuar. La fecha límite es el 1° de septiembre. Ahí es cuando comienza una nueva sesión del Congreso. Antes de eso, el gobernador Ramírez debe publicar o vetar esta ley.

Si esperamos, será demasiado tarde. Debemos instalarlo AHORA a que se oponga a esta injusticia.

Necesitamos asumir una posición contundente: firma la petición ahora y pídele al gobernador Óscar Eduardo Ramírez que vete este proyecto de ley que amenaza la libertad de expresión, de conciencia, religiosa.

Gobernador Ramírez, veta la ley anti-ECOSIG.

https://citizengo.org/es-mx/fr/16112-gobernador-ram

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