Konaté Hernández/PERIÓDICO SAGRADA FAMILIA
La religiosidad popular es la fe y devoción con la que el pueblo celebra sus fiestas patronales en todos los países en especial Hispanoamérica. Entendiéndose por religiosidad la fusión de los ritos litúrgicos propios de la Iglesia que es la parte sacra, enriquecidos por un sincretismo enraizado en los usos y costumbres muchas veces profanos: supersticiones, leyendas, mitos.
Lo anterior en su conjunto es lo que se conoce como «idiosincrasia» que son las características, peculiaridades o rasgos distintivos que definen a una persona, grupo social o cultural como un fenómeno particular, que hace único y diferente a un individuo o colectivo, abarcando aspectos como su forma de pensar, actuar, sentir y relacionarse con el entorno y es lo que da identidad, arraigo y colorido a la religiosidad popular.
Tal cual expresión de colorido y folclor, el presbítero Santos Abonza Hernández, Monseñor José Luis Canto Sosa, acompañados por Juan José Rosario Morales, Mayra Janet Nolasco Belle y de Marco Antonio Brizuela Alcocer quienes acudieron con respeto y devoción al inicio de la tradicional procesión acuática en honor a la Virgen del Carmen.
Fiestas que los últimos años se han visto amenazadas por grupos progresistas de promotores radicales del aborto, ideología de género LGBTTTIQ+, que buscan controlar a la sociedad, erosionar la soberanía nacional en su intento por privar a la sociedad de la influencia sobre la configuración de su Estado—Nación, lo que socava la seguridad de sus fronteras, protección a la vida de su concepción a su muerte natural, matrimonio heterosexual: varón—mujer, libertad de expresión, de conciencia, etc.
En palabras del presidente de la Junta, Instituto para la Cultura Legal Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski, destacó que la ciudadanía de muchos países, se oponen al traspaso del poder y la gestión del nivel más cercano a la gente al nivel de organizaciones supranacionales mundiales como la Unión Europea (UE) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que muchos observan con incredulidad que, a menudo, «sus propios gobiernos» colaboran para privarles la posibilidad de decidir sobre sí mismos, sus familias, comunidades o países.
Lo anterior se hace a nombre de la promoción del aborto, ideología LGBTTTIQ+, inmigración masiva, el Nuevo Pacto Verde, la desindustrialización, el control social y la erosión de la soberanía nacional, precisó.
Ejemplificó que en Polonia se intenta privar a los ciudadanos de la influencia sobre la configuración de su propio Estado. Al respecto, elaboró un informe cuya finalidad es advertir sobre un mecanismo que puede repetirse en otros países.
En día se trabaja en una ley que podría socavar la seguridad de las fronteras polacas, la protección de la vida, la institución del matrimonio y la Constitución, según la cual «el poder supremo en la República de Polonia pertenece al pueblo». Las nuevas disposiciones establecen el principio de que «los órganos de la autoridad pública —ejecutiva, legislativa y judicial— (…) están obligados a ejecutar sin demora las resoluciones del Tribunal».
La ley otorgará prioridad absoluta a las controvertidas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en un momento en que cada vez más gobiernos europeos cuestionan las decisiones del Tribunal, negándose a ejecutarlas en nombre de la seguridad nacional o acusándolo de abusos ideológicos y conflictos de intereses.
La obligación de ejecutar las sentencias del TEDH se deriva de tratados internacionales. Sin embargo, en los casos en que Estrasburgo dictó sentencias contrarias a los intereses de Polonia, el gobierno se negó a ejecutar. Así ocurrió, por ejemplo, cuando el Tribunal cuestionó la posibilidad de proteger eficazmente la frontera entre Polonia y Bielorrusia contra la afluencia de migrantes organizada por Rusia y Bielorrusia.
La aprobación del proyecto del gobierno podría tener como consecuencia no solo la ejecución automática de sentencias desfavorables y contrarias a la Constitución, sino también el cumplimiento de las denominadas «medidas provisionales» del TEDH, actos que, a menudo, carecen de una base jurídica clara y son cada vez más cuestionados.
Las nuevas disposiciones significarán v. gr., una sentencia similar a la dictada en el caso Czech —según la cual toda persona tiene derecho a cambiar su sexo sin necesidad de someterse a una operación— se aplicaría inmediatamente en Polonia, sin consulta pública y sin la participación del Parlamento.
En abril se dictó la cuarta sentencia en la que el TEDH declaró que Polonia tiene la obligación de formalizar las uniones entre personas del mismo sexo. Hasta ahora, estas sentencias no se han aplicado, ya que la Constitución polaca define claramente el matrimonio como la unión entre un varón y una mujer. Tras la entrada en vigor de la nueva ley, la Constitución podría dejar de tener considerable validez.
No pocos gobiernos pueden seguir el mismo camino, estableciendo normas que les convengan y que permitan introducir cambios legales controvertidos por medio de jueces de tribunales internacionales. Como resultado, los gobiernos repetirán que «la ley les obliga» y que no tienen posibilidad de oponerse. Este es el camino hacia el fin de la democracia y la transferencia efectiva del poder a las manos de la oligarquía.
Actualmente, muchos países no ejecutan deliberadamente las decisiones del TEDH, guiándose por el interés nacional. Los gobiernos anteponen la seguridad de sus ciudadanos a los derechos de los migrantes ilegales.
Las sentencias del TEDH a veces están totalmente alejadas de la realidad nacional. Un ejemplo es la sentencia de abril sobre un traficante de drogas iraquí deportado de Dinamarca, que el Tribunal consideró una violación del derecho a la vida familiar.
En 2023, Francia expulsó a un migrante de 39 años de Uzbekistán a pesar de la prohibición del TEDH. Grecia también ignora algunas sentencias del Tribunal y deporta a migrantes a Turquía en nombre de la protección de sus ciudadanos.
En el caso Szypuła y otros contra Polonia (febrero de 2024), el Tribunal dictaminó que Polonia había violado el artículo 8 del Convenio al denegar la expedición de certificados a dos parejas del mismo sexo que deseaban contraer matrimonio en el extranjero, a pesar de que las conclusiones eran contrarias a la legislación polaca.
Continuó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en marzo, en el caso de una ciudadana iraní contra Hungría, que, a la luz del RGPD, el Estado debe permitir a una persona cambiar su sexo en los documentos de acuerdo con su declaración, independientemente de los hechos biológicos y de la incompatibilidad de la solicitud con la legislación húngara.
Las decisiones sobre el aborto, la eutanasia, la subrogación, los privilegios para las uniones del mismo sexo, la transición, la educación sexual, la libertad de expresión, la inmigración y la soberanía se toman cada vez más en foros internacionales.
Las acciones de los eurocentristas suponen una amenaza adicional para la soberanía. En abril, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se pedía que se retirara a los Estados el derecho de veto en materia de derechos humanos y democracia, y que fueran los globalistas quienes determinaran el significado de estos conceptos.
En noviembre de 2023, el PE aprobó un proyecto de 267 enmiendas a los tratados de la UE que suponen, de facto, la supresión de la soberanía de los Estados y la creación de un «superestado» según la visión de Altiero Spinelli.
Junto con la estadounidense The Heritage Foundation y la húngara Mathias Corvinus Collegium, elaboraron el informe «El Gran Reinicio. La urgente necesidad de reformar la UE», que ya se ha presentado en Budapest, Varsovia, Bruselas, Madrid e, incluso, en Washington.
El informe se ha enviado a todos los eurodiputados polacos y conservadores, a los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad, a los jueces del TJUE, a los comisarios de la UE y a los jefes de Gobierno de los Estados miembros, es decir, a un total de 567 responsables políticos. El documento ha sido traducido a cinco idiomas.
Hay previstas nuevas presentaciones en París y Roma. Ha llegado el momento de que los europeos que aman a sus países tomen la iniciativa, para forjar su futuro y reconstruir la grandeza de nuestras naciones y de todo el continente, concluyó Jerzy Kwaśniewski.
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