Ciudad de México.— Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN) es percibida como claudicante y cómplice del globalismo ideológico. Enfrenta una enorme crisis de confianza, de credibilidad y de desprestigio generalizado para la mayoría de los mexicanos ya que atentan contra los valores que más apreciamos: la vida, la familia y la libertad
El 7 de septiembre de 2021 la SCJN resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez “a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”.
El (9 de septiembre de 2021 la Corte invalidó la porción normativa del artículo 4° Bis A, fracción I, de la Constitución Política de Sinaloa que establecía la tutela del derecho a la vida en los términos siguientes: “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley correspondiente, hasta su muerte”.
El 21 de septiembre de 2021 la SCJN invalidó el precepto de la Ley General de Salud por que “no establecer las salvaguardas necesarias para garantizar el derecho a la salud” y “determinó establecer lineamientos para la objeción de conciencia del personal médico y enfermería, exhortando al Congreso de la Unión para que legisle en materia sin desproteger el derecho a la salud”.
Es autoritario y patético que el órgano encargado de tutelar los derechos humanos ahora desconoce el primero de los derechos, el derecho a la vida; niega personalidad jurídica al no nacido y construye e impone el aborto como un “derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir”.
El trabajo de la SCJN ha dejado mucho que desear y hace cuestionables sus fallos.
Las resoluciones de la SCJN han demostrado como opera de una manera deficiente con una pobre argumentación jurídica y con mucha carga ideológica, ya sea por la presión de una minoría ruidosa o porque tienen compromisos con la industria del aborto.
Desatendieron la determinación de AMLO sobre llevar a cabo una consulta ciudadana relativa al tema del aborto y no imponer “una sola visión” y “desde arriba” (30 de diciembre de 2020).
La SCJN invade la soberanía de las entidades federativas y de sus Congresos Legislativos. Pretende incursionar con sus decisiones en áreas que son propias del Poder Legislativo y de las instancias democráticas de decisión política.
Muchas de las entidades mexicanos consagran en sus constituciones la garantía del derecho a la vida desde la concepción. Impedirles que protejan este derecho e imponer el aborto es una grave intromisión a la soberanía de las entidades, viola el pacto federal en un gravísimo atentado a la democracia.
Nuestras entidades tienen autonomía legislativa conforme al federalismo mexicano. La actividad legislativa de las entidades no está determinada por el centro. Cada entidad federativa vive su propio proceso legislativo que no necesariamente está vinculado con el de otras entidades.
Si bien los congresos locales no están obligados a reformar sus constituciones estatales ni sus códigos penales en los términos que establece la Corte, sí abre la puerta para que los partidos políticos, diputados y mandatarios estatales afines al aborto intenten en los próximos meses “homologar su legislación con la sentencia de la SCJN”. Frente Nacional por la Familia. Minuto de formación V# 32